Palmira, Valle del Cauca, Colombia.
n la columna anterior me expresé acerca de lo insaciable que podríamos ser los humanos ante la posibilidad del poder absoluto. Y de lo dañino que un poder absoluto podría ser para la sociedad. Para resolver ese antiguo asunto, la Administración Pública y los poderes públicos promueven la obtención del bien colectivo mediante la actividad social y la participación política, lo que, en teoría, impediría que el absolutismo y otras conductas reprochables hicieran mella en la sociedad. Esa participación social garantizaría también que lo puramente administrativo con lo exclusivamente político funcionara de forma armónica, pero independiente. Y que ambas estuvieran al servicio de todos los ciudadanos. Todo ello reclamaría una dimensión ética en torno a los funcionarios del Estado y a todos los miembros de la sociedad.
Dicho de otra forma: ni los políticos ni los funcionarios públicos son dignos de total confianza, por lo que es preciso que unos vigilen a los otros, a fin de limitar sus tendencias timadoras. Y para evitar que ellos se pongan de acuerdo y nos estafen, estamos los ciudadanos. Nos corresponde a nosotros vigilar los procesos para mantener el equilibrio.
Una de esas vigilancias que debemos hacer, recae sobre quienes ejerciendo el rol político han llegado a hacer parte de autoridades colegiadas como el Concejo Municipal, cuya principal función es representarnos luego de que nosotros, los ciudadanos, les hemos conferido nuestra confianza simbolizada en un voto. Representarnos, quiere decir presentarse a nombre nuestro. Lo que exige una gran responsabilidad ética para con sus electores, sean ellos de partido o independientes. Y para con quienes no les eligieron, pero que son ciudadanos tan respetables como los primeros. En cualquiera de los casos, los elegidos lo son a nombre de sus partidos y toman decisiones grupales según lo establece la ley de bancadas. Y según lo establece la ley, escrita para proteger a los partidos, deben votar públicamente. Con lo que ponen ante los ciudadanos sus actuaciones para que sean juzgados por ellos.
En Palmira acudimos a la elección de las autoridades que tienen por tarea limitar el poder de la administración pública, sometiéndola al principio de legalidad y conduciéndola estrictamente a los aspectos de interés público. Le corresponde al Concejo Municipal, por delegación del pueblo, elegir los cargos de Contralor y Personero. Y ¡que sorpresa! En un acto que carece de coherencia y hasta de decencia, los miembros del Concejo Municipal olvidaron o desconocieron las normas al respecto. El asunto tiene dos situaciones que deben ser observadas por nosotros, los centinelas de la democracia. Por un lado, se violó la ley de bancada y por el otro, cojea el comportamiento ético de quienes deberían darnos ejemplo de legalidad, objetividad y preeminencia de la ley. Ambos asuntos se desprenden de la votación secreta que hicieron los concejales al hacer la elección de ambos funcionarios. Al respecto la ley de bancadas es clara: "Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley". Saltarán a gritar que el voto secreto está protegido por la Constitución Nacional. Sí, el de los ciudadanos de a pie y no el de los miembros del Senado, la Cámara, las Asambleas y los Concejos.
Como consecuencia de los actos de los concejales, se abrió tímidamente la discusión que se ha centrado en las disposiciones de la Ley de bancadas y puede que la preocupación por la violación a esa ley sea válida. Pero en todo esto, ¿dónde queda el asunto de la responsabilidad por la actuación pública? Se supone que quienes fueron elegidos para integrar el Concejo Municipal pueden demostrar su capacidad técnica, su conocimiento de las normas, su responsabilidad sobre el impacto de sus acciones, su conciencia sobre los deberes del Estado y, sobre todas las cosas, su capacidad para promover la orientación al ciudadano y para proteger la platica de todos los aportantes.
Los aquelarres en los que se eligieron a la Contralora y al Personero son una muestra de todo lo contrario. La misteriosa votación en la que el grupo minoritario ganó la Contraloría con una mixtura de votos públicos y privados, así como la elección del Personero que se hizo fuera del plazo correspondiente, con una terna de dos ante el retiro de César Quintero, en la que los concejales expusieron públicamente los arreglos de los caciques, que contó con el enigmático voto 20 producido por 19 concejales, dejan todo que desear. Los concejales han explicado su desconocimiento de la ley, como si les sirviera de excusa.
El problema no lo constituyen los elegidos ni los costos que tendrán las equivocaciones en los procedimientos, que dicho sea, no serán pocos. Ni la imagen que tendrá Palmira de villorrio tercermundista, en el que invertir sería irresponsable. Sino el mensaje que los padres del terruño le envían a sus coterráneos sobre la flexibilidad de la ética y la amplitud del umbral moral. No tendrán ninguna autoridad para exigirle a los palmiranos un comportamiento acorde con la ley ni mucho menos podrán basar sus reflexiones en la práctica de una cultura de calidad basada en la libertad como principio para actuar bien. Los lagartos insaciables de corrupción y podredumbre abrirán sus fauces tras sus pasos, hasta que los empujarán al abismo de donde no podrán salir limpios jamás. Se revolcarán en la oscura ignominia y se degradarán en su condición política y humana. Y luego, con falsedades ridículas, se presentarán nuevamente ante sus electores y, carentes de dignidad y mandados por sus capos, usarán la amnesia colectiva para regresar a sus curules. Habrán perdido su vergüenza en servilismos bochornosos. Pero ello no será óbice a su carrera política.
Pero a los palmiranos nos irá peor, porque una horda de infames, inspirados en políticos pestilentes, hará gala de sus oprobios a los derechos de los ciudadanos. No habrá autoridad que los controle, porque todo el Estado local está permeado por la mala conducta ético–política. Y porque quienes son titulares de los poderes públicos, han abierto la puerta a la deshonra. Y los palmiranos ¿los re–elegirán? ¡Espero que no!
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